En un acontecimiento histórico y sin precedentes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, ha sido capturado por fuerzas especiales estadounidenses en una operación militar a gran escala realizada en Caracas durante la madrugada del 3 de enero de 2026. Según anuncios oficiales del presidente Donald Trump y la fiscal general Pam Bondi, Maduro ha sido trasladado a territorio estadounidense, específicamente a Nueva York, donde enfrentará juicio en el Distrito Sur de Nueva York.
La captura se basó en una acusación federal desclasificada originalmente en 2020 y actualizada recientemente, que imputa a Maduro cuatro delitos graves relacionados con narcotráfico y terrorismo:
- Conspiración para narcoterrorismo (Narco-Terrorism Conspiracy): Acusado de liderar el llamado «Cartel de los Soles», utilizando el aparato estatal venezolano para facilitar el tráfico de cocaína con fines terroristas y políticos, en alianza con grupos como las FARC.
- Conspiración para importar cocaína (Cocaine Importation Conspiracy): Responsable de inundar Estados Unidos con toneladas de cocaína, enriqueciendo a su régimen y familia.
- Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos (Possession of Machineguns and Destructive Devices): En relación con el uso de armamento pesado para proteger las operaciones de narcotráfico.
- Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos (Conspiracy to Possess Machineguns and Destructive Devices): Planificación y acuerdo para adquirir y usar estas armas contra intereses estadounidenses.
La fiscal general Pam Bondi declaró que Maduro y Flores «enfrentarán pronto toda la fuerza de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses». Fuentes oficiales indican que Maduro llegó a una base en Nueva York y podría comparecer ante un juez federal tan pronto como el lunes próximo.
Esta operación, comparada por algunos con la captura de Manuel Noriega en 1990, marca el fin abrupto del régimen chavista y abre un capítulo incierto para Venezuela, con el gobierno interino asumido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y llamados a manifestaciones por parte de leales al madurismo.
El mundo observa con atención las repercusiones internacionales, mientras la administración Trump justifica la acción como enforcement de una orden de arresto pendiente por crímenes que afectan directamente la seguridad nacional de Estados Unidos.


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