El Salvador alcanzó en 2025 su mínimo histórico en comercio ilícito de cigarrillos, con solo un 24.8% de participación en el mercado, según un informe de Total Research Network para la Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES). Este descenso representa una caída de casi 20 puntos desde el 44.1% registrado en 2019, fruto de una estrategia conjunta entre la Fiscalía General, el Ministerio de Hacienda, Aduanas y el Gabinete de Seguridad, que ha permitido desmantelar redes criminales dedicadas al contrabando.
En el último año, las autoridades incautaron y destruyeron más de 20 toneladas de cigarrillos ilegales, con un valor estimado en $4.1 millones, evitando así una evasión fiscal de $2 millones. Este esfuerzo ha impulsado un crecimiento del 17.4% en la recaudación del impuesto selectivo al consumo entre 2019 y 2025. Blanca Roque, directora de ADES, subrayó que esta alianza entre el sector público y privado no solo fortalece la economía formal, sino que también protege a los consumidores de productos sin garantías sanitarias. Sin embargo, el gremio lamentó el costo humano de esta lucha, recordando el reciente fallecimiento del cabo Pablo Israel Cortés Recinos durante un operativo en la frontera.
Impacto del comercio ilícito
El informe destaca que el mercado ilegal de cigarrillos pasó del 44.1% en 2019 al 24.8% en 2025, un hito en la lucha contra el contrabando. Este avance ha permitido un aumento significativo en la recaudación de impuestos, demostrando la eficacia de las medidas aplicadas.
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Llenar Solicitud de PautaLos operativos en aduanas terrestres han sido clave para interceptar cargamentos ilegales. Solo en el último año, se evitó la pérdida de $2 millones en impuestos, recursos que ahora se destinan a programas sociales y de desarrollo. Blanca Roque enfatizó que, aunque los resultados son positivos, aún quedan retos, especialmente en seguridad fronteriza y en la protección de los agentes que arriesgan sus vidas en esta batalla.
El comercio ilícito no solo perjudica la economía, sino que también alimenta a organizaciones criminales y expone a la población a productos peligrosos. Por ello, ADES y el gobierno mantienen su compromiso de seguir combatiendo este flagelo con acciones coordinadas y sostenidas.