Un intenso intercambio en la red social X entre Karim Bukele, hermano del presidente de la República, y el columnista Paolo Lüers, exmediador de la tregua con pandillas bajo el gobierno de Mauricio Funes, expuso las tensiones por la interpretación de la Constitución. Lüers denunció que la Asamblea Legislativa aprobó instrumentos de «destierro» contra ciudadanos naturalizados, comparando la medida con el modelo de Nicaragua y advirtiendo que esta normativa se extendería próximamente a los salvadoreños por nacimiento.
Ante estos señalamientos, Karim Bukele desarmó la postura de Lüers citando textualmente el marco legal vigente para demostrar que no ha existido ninguna reforma reciente. Bukele cuestionó directamente la situación migratoria del columnista, quien reside fuera de El Salvador, recordándole que la pérdida de la calidad de salvadoreño naturalizado por ausencia prolongada es una norma que ha formado parte de la Constitución salvadoreña durante décadas sin sufrir modificaciones.
La vigencia del Artículo 94 de la Constitución
El núcleo del debate técnico se centró en demostrar que las reglas de juego para los ciudadanos naturalizados están blindadas por la Constitución. La ley fundamental establece que la nacionalidad adquirida se pierde tras dos años de residencia en el país de origen o por cinco años de ausencia ininterrumpida del territorio nacional sin permiso legal. Esta disposición busca asegurar que el vínculo jurídico con el Estado se mantenga activo mediante la presencia física.
«Este artículo no se ha modificado. ¿Cuántos años consecutivos tienes fuera del país?», fustigó Karim Bukele al transcribir el Art. 94 de la Constitución. Esta respuesta técnica invalidó la narrativa de una supuesta maniobra legislativa nueva, evidenciando que cualquier proceso de revocación de nacionalidad para naturalizados respondería a una normativa histórica y no a una acción discrecional de la actual administración contra la disidencia política.
Karim Bukele: Alcance jurídico y estatus de la Constitución
Expertos en derecho constitucional confirman que la Constitución diferencia claramente los derechos de los salvadoreños por nacimiento de aquellos que obtuvieron la ciudadanía por naturalización. Mientras los primeros gozan de una protección absoluta e irrenunciable, los segundos están sujetos a condiciones de permanencia. La pérdida de este estatus por ausencia prolongada es un proceso reglado que no ha requerido de nuevos decretos de emergencia.
Pese a la retórica de persecución utilizada por sectores de oposición, los registros oficiales de la Asamblea Legislativa confirman que no se han tramitado reformas que alteren estas causales. La confrontación subraya la polarización entre el oficialismo y figuras vinculadas a gestiones pasadas, utilizando la Constitución como el árbitro definitivo frente a denuncias que carecen de sustento técnico en el diario oficial o en las gacetas legislativas.
