Un golpe contundente contra el crimen organizado digital se registró esta semana en San Salvador, donde la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) desarticularon una banda dedicada al fraude mediante suplantación de líneas telefónicas. Los criminales, que operaban en varias zonas del país, lograron sustraer más de $115,000 de cuentas bancarias de víctimas que nunca imaginaron que su número de teléfono podría ser usado en su contra.
El modus operandi consistía en obtener datos personales —como copias del DUI y detalles bancarios— a través de engaños o filtraciones. Con esta información, contactaban a empleados de compañías telefónicas para convencerlos de transferir el número de la víctima a un chip controlado por ellos. Una vez con el control de la línea, interceptaban los códigos de verificación enviados por los bancos y realizaban transferencias fraudulentas.
#Operativo | Los delincuentes obtenían previamente información personal como el DUI y datos bancarios, para convencer a empleados de telefonías de trasladar el número a un nuevo chip.
Con el control de la línea, recibían las llamadas y códigos de verificación necesarios para… pic.twitter.com/Un6EfCxhHG— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 23, 2026
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Cómo operaba la red de fraude en San Salvador
La banda actuaba en coordinación con colaboradores internos en empresas de telefonía, lo que les permitía burlarse de los sistemas de seguridad de los bancos. Según las investigaciones, los delincuentes se dividían tareas: algunos conseguían los datos personales, otros contactaban a los empleados de telefonía, y un tercer grupo ejecutaba las transferencias bancarias.
Las redadas simultáneas se llevaron a cabo en San Salvador, San Miguel, Santa Ana y Usulután, donde se detuvieron a los principales implicados y se incautaron teléfonos, computadoras y documentación falsa. Las autoridades advirtieron que este caso no es aislado y que podrían existir más células criminales utilizando la misma modalidad.
Los detenidos enfrentan cargos por estafa agravada, hurto informático y conspiración para cometer fraude. Mientras tanto, la FGR investiga si hay más empleados de telefonía involucrados en el esquema delictivo. Las víctimas, en su mayoría pequeños y medianos empresarios, perdieron sus ahorros en cuestión de minutos.
Las autoridades hicieron un llamado urgente a la población para que no comparta información personal por llamadas, mensajes o redes sociales. Además, recomendaron activar alertas bancarias y verificar periódicamente los movimientos en sus cuentas. Este caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de autenticación basados en mensajes de texto y la necesidad de fortalecer la ciberseguridad en el país.