La seguridad en las carreteras de El Salvador atraviesa un periodo crítico según las últimas estadísticas del Viceministerio de Transporte (VMT). Entre el 1 de enero y el 26 de abril de 2026, se registraron 473 fallecidos, lo que representa un alarmante incremento del 27% en comparación con el año anterior. El consultor en seguridad vial, Benedicto Perlera, califica esta situación como consecuencia de una «ignorancia crasa» de la normativa, destacando que el 90% de los motociclistas circulan sin licencia.
Perlera hizo un llamado directo al presidente Nayib Bukele para ordenar operativos rigurosos de la PNC durante seis meses continuos, asegurando que la firmeza en la aplicación de la ley es la única vía para frenar la impunidad de los «delincuentes con licencia» o conductores sin documentos que actúan sin pericia.
Prevención estratégica El Salvador
El análisis del especialista subraya que el gasto generado por los siniestros viales en el sistema de salud y la fiscalía debería invertirse en el desarrollo del Estado. Además, enfatizó la responsabilidad de los padres de familia al entregar vehículos a menores sin autorización, citando tragedias recientes donde la ilegalidad impidió incluso el acceso a beneficios del FONAT.
Para Perlera, la solución definitiva en El Salvador radica en la educación desde las aulas, tal como lo establece el artículo 89 de la Ley de Tránsito. La meta propuesta es transformar la cultura vial en un año mediante una prevención estratégica que priorice la vida humana sobre la estadística, evitando que más familias queden desintegradas por tragedias que son, en su gran mayoría, evitables.
El «Efecto Pandilla», como lo denomina Perlera, compara a los conductores imprudentes o sin ley con la delincuencia social, sugiriendo que tras ganar la guerra contra las pandillas, el país debe combatir la anarquía vial. También señala el incumplimiento del artículo 89 de la Ley de Tránsito, que obliga a coordinar programas de seguridad vial entre el VMT y el Ministerio de Educación.
Las autoridades recomiendan a los padres no facultar «la muerte de sus hijos» entregándoles llaves de vehículos cuando no están autorizados por el Estado. La PNC y el VMT deben actuar con urgencia para revertir esta crisis.
