El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, describió detalladamente el sistema de control y sumisión que las pandillas ejercían sobre las comunidades y las propias instituciones del Estado. Durante su intervención, el mandatario afirmó que las autoridades civiles y municipales se veían obligadas a solicitar autorización a estas estructuras criminales para poder ingresar a los territorios bajo su dominio.
La descripción oficial detalla que los grupos delincuenciales operaban como una autoridad de facto en los barrios, donde sustituían la legalidad mediante mecanismos de coacción económica y física. Nayib Bukele señaló que estas organizaciones cobraban impuestos ilegales bajo la denominación de «renta», una práctica que constituía una extorsión directa contra el patrimonio y la vida de los ciudadanos.
El impacto de las pandillas en los derechos humanos
El control social en las localidades se aseguraba mediante la aplicación de castigos violentos y ejecuciones sumarias administradas por las propias estructuras delictivas. El gobernante salvadoreño denunció que las pandillas contaban con sus propios tribunales y ejecutaban penas severas para infundir terror en la población y garantizar la obediencia absoluta en los sectores vulnerables.
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Llenar Solicitud de Pauta«Tenían tribunales, ejecutaban penas. Había diferente tipo de penas… cortarle las manos, matarle a un hijo, violarle una hija, exilio, golpiza, muerte», sostuvo Nayib Bukele en su declaración, subrayando la gravedad de las violaciones a los derechos fundamentales cometidas por estas organizaciones criminales.
La confrontación del Estado contra las pandillas
La respuesta de las instituciones públicas derivó en una confrontación directa que la administración actual cataloga como una guerra abierta contra las estructuras delictivas para recuperar la soberanía territorial. El balance gubernamental sostiene que la intervención era indispensable debido a la vulneración sistemática del derecho a la vida que sufrían los habitantes.
- Exigencia de autorizaciones ilegales para el ingreso de servicios públicos a las comunidades.
- Establecimiento de un sistema de extorsión denominado localmente como «renta».
- Aplicación de castigos físicos y ejecuciones como mecanismos de justicia paralela.
- Violación sistemática del derecho a la vida y a la libre movilidad de la ciudadanía.
La desarticularización de las pandillas se presenta en el discurso oficial como el eje central de las políticas de seguridad para restablecer el orden constitucional. De acuerdo con las afirmaciones del mandatario, la neutralización de estas bandas criminales permitió frenar el régimen de terror que afectaba la cotidianidad de la población salvadoreña.
