Carlos Iván Mendoza Hernández, un migrante salvadoreño de 36 años, fue enviado a prisión preventiva por orden de un juez federal tras recibir el alta médica del hospital donde se recuperaba de las graves heridas causadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El hecho, ocurrido el pasado 7 de abril en la localidad de Patterson, California, mantiene bajo confrontación la versión de las agencias de seguridad estadounidenses y los reclamos de inocencia de la familia y la defensa legal del afectado.
El incidente y las acusaciones iniciales contra Salvadoreño
La mañana del 7 de abril, agentes de ICE interceptaron el vehículo de Mendoza Hernández cuando salía de su vivienda hacia su trabajo. Según la declaración oficial emitida por la institución, el operativo tenía como objetivo capturar al salvadoreño, a quien perfilaron como presunto miembro de la pandilla Barrio 18 solicitado en El Salvador para interrogatorio por un caso de homicidio. La agencia federal sostuvo que el conductor intentó embestir a un oficial con su automóvil, lo que provocó que los agentes respondieran con disparos en defensa propia.
Sin embargo, el entorno familiar y la defensa de Mendoza Hernández rechazaron rotundamente esos señalamientos, asegurando que no pertenece a pandillas, que carece de antecedentes criminales o procesos abiertos de deportación en la zona, y sugirieron la posibilidad de un error de identidad por parte de las autoridades. El reporte médico ventilado durante los alegatos judiciales reveló que el salvadoreño recibió un total de siete impactos de bala durante la intervención federal.
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Llenar Solicitud de PautaAudiencia judicial y cargos federales a Salvadoreño
El pasado lunes 20 de abril, Mendoza Hernández compareció ante un tribunal federal en una silla de ruedas debido a su condición física. Tras evaluar los argumentos iniciales, el juez a cargo denegó la solicitud de fianza y ordenó que el imputado permaneciera bajo la custodia de los Marshals de Estados Unidos. Aunque el juzgador reconoció el fuerte apoyo comunitario presente fuera de la corte, determinó que el procesado representaba un riesgo de fuga, fundamentando su decisión en grabaciones de video donde presuntamente se observa el movimiento de las llantas del auto antes de iniciarse el tiroteo.
Durante la audiencia preliminar, los fiscales federales también expusieron registros hospitalarios que indicaron un resultado positivo por cocaína en el sistema del detenido, un elemento que su equipo legal desestimó argumentando falta de evidencias sólidas sobre la validez del examen. Mendoza Hernández enfrenta acusaciones formales por agresión a oficiales y destrucción de propiedad del gobierno; de ser declarado culpable, podría recibir penas de hasta 20 años y 10 años de cárcel, respectivamente. El caso tiene programada su próxima comparecencia para inicios de mayo.
Respecto a las declaraciones de la agencia y los cuestionamientos legales, las partes fijaron posturas encontradas:
«Al acercarse los oficiales, el pandillero buscado utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un oficial. Siguiendo su entrenamiento, nuestros oficiales realizaron disparos defensivos», aseguró Todd M. Lyons, director en funciones de ICE.
Por el contrario, la representación legal del afectado insistió en las inconsistencias del operativo y las deficiencias en la atención de salud que recibe en el centro de detención:
«No tiene proceso de deportación. No hay problemas de índole criminal aquí. Este señor solo trató de protegerse. No vemos que él quisiera golpear o matar a alguien», declaró el abogado de inmigración que asesora el caso.