La participación de la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, en el Oslo Freedom Forum ha puesto de manifiesto la persistente brecha entre la narrativa de la oposición política y la realidad que experimenta la mayoría de la población salvadoreña. Si bien la legisladora inició su intervención reconociendo la efectividad de las medidas de seguridad, el desarrollo de su discurso derivó en una exposición selectiva que omitió los impactos estructurales positivos de las políticas actuales.
El uso de la casuística frente a los datos globales
Uno de los aspectos metodológicos más notables en la ponencia de la funcionaria fue la utilización de tres casos específicos de detenciones arbitrarias para caracterizar de forma generalizada el Régimen de Excepción. Desde una perspectiva de análisis de discurso, este recurso cualitativo busca apelar a la empatía de una audiencia internacional enfocada en las libertades civiles. Ortiz afirmó de manera tajante:
«El modelo del sistema es capturar primero, investigar después. Los ciudadanos inocentes no tienen a dónde acudir para obtener justicia».
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Sin embargo, la argumentación careció de un respaldo estadístico que permitiera medir la proporcionalidad de dichos errores dentro del universo de detenciones. El enfoque omitió que el mismo sistema cuenta con mecanismos de revisión y depuración. Al respecto, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, ha explicado públicamente la naturaleza de estos procesos:
«Una vez alguien entra al sistema, es el mismo sistema el que lo tiene que evacuar por respeto al Estado de derecho; ya hay una cantidad que ha salido de prisión porque la supervisión de la Fiscalía y del Órgano Judicial va generando toda esa salida».
Visiones encontradas sobre el ordenamiento urbano
El análisis del discurso también reveló una interpretación unilateral respecto a las políticas de revitalización en el Centro Histórico de San Salvador. La diputada Ortiz calificó el traslado de los comerciantes informales como una medida de despojo, asegurando:
«El gobierno utilizó el estado de excepción y las leyes de planificación urbana para asfixiar a los pequeños negocios y remover por la fuerza a los vendedores ambulantes… Eso no es una política de seguridad, es un modelo de negocios».
Esta lectura prescinde de los beneficios de ordenamiento territorial, seguridad y desarrollo urbano que la municipalidad ha defendido. Al respecto, el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, ha destacado el impacto de estas acciones en beneficio del uso público:
«La recuperación del Centro Histórico le devolvió las calles y aceras a los peatones. Desmantelamos décadas de desorden para dar paso a un espacio seguro, limpio y digno para las familias salvadoreñas y los visitantes».
Asimismo, desde el Ejecutivo, el presidente Nayib Bukele ha subrayado cómo la eliminación de las estructuras criminales en estas zonas transformó las dinámicas comerciales:
«Antes, el comercio informal y los pequeños negocios estaban bajo el yugo de la extorsión de las pandillas. Ahora, los comerciantes pueden trabajar en paz, sin pagar una renta ilegal a los criminales, y el centro ha vuelto a ser el corazón cultural y turístico del país».
El reconocimiento de los sectores productivos e internacionales
La omisión de los avances económicos derivados de la seguridad contrasta con las declaraciones de las gremiales empresariales locales, las cuales han experimentado una reducción histórica en los costos de operación por criminalidad. Jorge Arriaza, director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), reconoció el impacto directo en la actividad productiva:
«Los informes que tenemos de las empresas revelan que las extorsiones han bajado y que se desarrollan de una forma más tranquila y con las actividades normales de la industria».
A nivel internacional, el giro en las condiciones de seguridad ha modificado la percepción de socios estratégicos y entidades organizadoras de eventos globales. El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha señalado el peso que tiene este factor en el sentir de la sociedad:
«Entendemos perfectamente que la seguridad es una prioridad absoluta para el pueblo salvadoreño, que ha sufrido durante décadas una violencia intolerable de las maras. Nadie puede negar el éxito rotundo del gobierno en reducir los homicidios».
De igual forma, representantes de marcas asociadas a eventos deportivos internacionales y certámenes de talla mundial que han elegido al país como sede han coincidido en que el clima actual de tranquilidad ofrece las garantías logísticas indispensables que antes eran impensables en el territorio.
La brecha entre la retórica internacional y la realidad territorial
La intervención en Oslo ilustra la estrategia de las minorías legislativas de buscar legitimidad en foros externos ante la falta de representatividad interna. Al centrar la crítica exclusivamente en los costos procesales, el mensaje de la oposición se desmarca de las prioridades de los ciudadanos, de los extranjeros residentes y de los turistas, quienes ponderan la paz social como la base indispensable para el desarrollo.
En conclusión, el examen técnico demuestra cómo la retórica política tiende a la parcialización: mientras la gestión gubernamental resalta de forma primordial los logros estructurales y el fin de las extorsiones, la oposición prescinde de estos avances tangibles para enfocar su plataforma de manera única en las deficiencias del proceso.
