La muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) dejó de ser únicamente un hecho policial para convertirse en un nuevo episodio del creciente escrutinio que enfrenta la agencia migratoria. A una semana del incidente ocurrido en Houston, Texas, el caso continúa generando reacciones diplomáticas, políticas y sociales, mientras avanzan las investigaciones oficiales sobre el uso de la fuerza por parte de un agente federal.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo en un comunicado que el operativo tenía como objetivo detener a otro inmigrante en condición irregular y aseguró que Lorenzo Salgado Araujo «intentó evadir el arresto», embistió un vehículo oficial y «utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente de la ley de ICE», razón por la cual el funcionario «disparó su arma en defensa propia». La dependencia informó que la Oficina del Inspector General del DHS investiga el tiroteo, mientras que el FBI en Houston conduce una pesquisa sobre la presunta agresión contra un agente federal.
La versión oficial, sin embargo, no ha detenido el debate. El Gobierno de México anunció una estrategia jurídica tras el fallecimiento del connacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que solicitará apoyo de la Fiscalía General de la República para presentar denuncias ante autoridades estadounidenses por las muertes de mexicanos en operativos o bajo custodia de ICE. Además, promoverá acciones civiles contra empresas que administran centros de detención, solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pedirá la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La Cancillería señaló que estas acciones responden a la muerte de 17 connacionales en operativos o centros de detención vinculados con ICE.
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Llenar Solicitud de PautaLorenzo Salgado Araujo: Un caso que reaviva el debate sobre ICE
El caso también llegó al Congreso de Estados Unidos. La congresista demócrata Pramila Jayapal recordó que Lorenzo Salgado Araujo «tenía 52 años» y que «nunca llegó al trabajo». En un mensaje publicado en la red social X afirmó: «Agentes de ICE le dispararon y lo mataron durante lo que ellos llamaron una ‘operación de aplicación selectiva’». También comparó el caso con el de Renee Good, ocurrido en Minnesota, al señalar que el DHS sostuvo nuevamente que un vehículo fue utilizado como arma, una versión que —afirmó— merece un examen riguroso. Jayapal insistió en que ICE y la Patrulla Fronteriza deben enfrentar una mayor rendición de cuentas antes de recibir nuevos recursos públicos.
El debate adquiere mayor relevancia porque ocurre en un momento en que la administración estadounidense ha intentado proyectar una imagen de mayor prudencia en la aplicación de la política migratoria. El zar de la frontera, Tom Homan, afirmó tras otros casos ampliamente cuestionados que sería «poco profesional» emitir conclusiones antes de que concluyan las investigaciones. «Let the investigation play out and hold people accountable based on the investigation» («Dejen que la investigación siga su curso y que las responsabilidades se determinen con base en sus resultados»), declaró entonces. Homan también señaló que la estrategia privilegiaría operativos focalizados y sustentados en inteligencia, alejándose de actuaciones que incrementaran la confrontación pública.
Mientras las investigaciones avanzan, la muerte de Lorenzo Salgado Araujo continúa alimentando el debate sobre la actuación de ICE y la transparencia de sus procedimientos. Más allá de la conclusión a la que lleguen las autoridades sobre el uso de la fuerza en este caso, el episodio se ha convertido en un nuevo punto de referencia para quienes exigen mayor supervisión sobre la agencia y para quienes sostienen que la aplicación de la ley migratoria debe acompañarse de mecanismos claros de rendición de cuentas y protección de los derechos humanos.
