El juez federal Alvin Hellerstein estableció el 1 de junio de 2027 como la fecha de inicio del juicio contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en la corte del Distrito Sur de Nueva York. El exmandatario venezolano enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y posesión de armas de fuego. La pareja permanece bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn tras ser capturados por fuerzas estadounidenses en Caracas durante la Operación Resolución Absoluta en enero de 2026.
La defensa legal de Maduro anunció que solicitará la desestimación formal del expediente argumentando la inmunidad soberana que le correspondía como jefe de Estado al momento de los hechos. El calendario procesal acordado entre las partes fija la primera ronda de mociones antes del 2 de septiembre de 2026 y la audiencia de argumentos orales para el 17 de noviembre. El proceso judicial podría extenderse durante varios meses una vez instaladas las sesiones del jurado.
Cuestionan la legalidad del arresto de Maduro y alegan inmunidad diplomática
«I am not guilty. I am a decent man, the constitutional president of my country», afirmó Maduro al declararse no culpable durante las primeras lecturas de cargos ante el tribunal neoyorquino.
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«The defence intends to challenge the legality of Maduro‘s capture, describing it as a military abduction», sostuvo el abogado defensor Barry Pollack ante los medios tras finalizar la audiencia.
La captura de Maduro ocurrió el 3 de enero de 2026 en su residencia oficial en Caracas, cuando unidades de operaciones especiales de Estados Unidos ejecutaron un despliegue militar directo. Tras su traslado inicial al buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, los imputados fueron extraditados a territorio estadounidense para responder por el procesamiento criminal. La operación alteró la estructura política en Venezuela, donde Delcy Rodríguez asumió el mando interino bajo el monitoreo de la administración del presidente Donald Trump.
Evalúan repercusiones geopolíticas globales tras el avance del proceso a Maduro
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ratificó que las leyes federales facultan la persecución penal de líderes extranjeros vinculados al tráfico internacional de estupefacientes. La fiscalía estadounidense sostiene que la red atribuida a Maduro facilitó la partida de miles de toneladas de droga hacia el norte del continente en alianza con grupos armados ilegales. El avance del caso judicial generó posiciones divididas entre bloques internacionales respecto al respeto a la soberanía territorial.
La reapertura de la embajada estadounidense en Caracas y el levantamiento parcial de sanciones petroleras marcaron la reconfiguración de las relaciones bilaterales tras la extracción de Maduro. Las naciones de la Unión Europea y el hemisferio mantendrán el seguimiento a las mociones previas al juicio para evaluar el impacto institucional en la región. El tribunal neoyorquino sesionará nuevamente a finales de 2026 para resolver las objeciones presentadas por la representación del imputado.