El escenario digital salvadoreño enfrenta una fractura sin precedentes tras el anuncio del diputado Walter Coto (Nuevas Ideas) sobre la urgencia de legislar el contenido de los tiktokers en redes sociales. El legislador argumenta la necesidad de proteger la salud mental de la niñez frente a materiales que «atentan contra la moral», detonando una respuesta inmediata de dos figuras, quienes defienden la autonomía de las plataformas y la responsabilidad parental sobre el control estatal.
Lo que inició como una controversia por un video viral de contenido ambiguo ha escalado a un debate de fondo sobre la libertad de expresión y los límites del «show» digital en El Salvador. Mientras el legislativo sugiere que el Estado debe intervenir para garantizar un entorno digital responsable, los creadores de contenido advierten sobre un posible precedente de censura que podría redefinir las reglas del juego para la economía de la atención. ¿Estamos ante el fin de la era de la autorregulación en el pulgarcito de América?
Esto fue lo que encendió el debate
La confrontación estalló tras la difusión de videos que involucran a los generadores Baby Meshi y Shantal, piezas que muchos califican como montajes diseñados para disparar estadísticas y captar la atención mediante el morbo. Sin embargo, para el diputado Walter Coto, este fenómeno no es una anécdota, sino un síntoma de una crisis de valores que exige una intervención legislativa inmediata para salvaguardar a los menores de edad.
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Llenar Solicitud de Pauta«La libertad de expresión no puede convertirse en un instrumento de daño. El Estado tiene la obligación de proteger a sus hijos y garantizar un entorno digital responsable. Defender la moral, la familia y a nuestra juventud no es censura; es responsabilidad con el futuro de El Salvador». — Walter Coto, Diputado de la República.
¿Es la regulación una forma de censura o de protección?
Desde la perspectiva de los creadores de contenido Yeik y Driver, la propuesta legislativa intenta delegar en los ‘influencers’ una responsabilidad educativa que corresponde al Estado y a los padres de familia. Los generadores sostienen que plataformas como YouTube ya cuentan con herramientas de filtrado (YouTube Kids) y que la audiencia es libre de elegir qué consumir, calificando la postura oficial como una intrusión en el libre mercado digital.
«No nos pida a nosotros, que nos hemos rebuscado por salir adelante con nuestras estupideces, que hagamos el trabajo que a usted le corresponde… los padres son los únicos responsables de decidir qué ver y qué no ver. Para corregir a la juventud que ya está corrompida, hay que empezar a dar educación necesaria a la que está estudiando». — Yeik & Driver, Creadores de contenido.
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El debate no es nuevo. Antecedentes como la fricción entre el Secretario de Prensa, Ernesto Sanabria, y creadores de contenido sobre el uso de símbolos nacionales como el CECOT, subrayan una tensión latente. Mientras el gobierno busca un entorno digital que no «normalice conductas dañinas», los tiktokers argumentan que su labor es el entretenimiento y que la «limpieza» de la juventud no debe pasar por restringir su capacidad de generar ingresos y audiencia.
Finalmente, la propuesta de Coto deja una interrogante abierta en la Asamblea Legislativa: ¿Cómo definir legalmente qué contenido es «dañino» sin vulnerar el derecho constitucional a la libertad de expresión? El pulso entre los ‘likes’ y las leyes apenas comienza en un El Salvador que busca liderar la modernidad tecnológica sin perder el control sobre su tejido social.
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