La ministra de Vivienda, Michelle Sol, ordenó este 11 de enero de 2026 la suspensión inmediata y nacional de todos los permisos de construcción y parcelación otorgados a la empresa Salazar Romero y sus aliadas. La decisión surge tras las graves inundaciones registradas en la residencial Ciudad Marsella (San Juan Opico, La Libertad), donde las lluvias del sábado 10 de enero dejaron calles convertidas en ríos y viviendas con agua y lodo hasta la cintura. Los afectados, que adquirieron propiedades promocionadas como «exclusivas y seguras», denunciaron la pérdida total de electrodomésticos y bienes, mientras videos en redes sociales exhibían el caos en el cluster dos del polígono tres.
La ministra justificó la medida en fallas críticas en el sistema de drenaje y el incumplimiento de normativas técnicas diseñadas para prevenir desastres como este. «No permitiremos que la negligencia ponga en riesgo a las familias salvadoreñas», declaró Sol, quien anunció una inspección técnica urgente y un censo casa por casa para evaluar daños y determinar las indemnizaciones que la constructora deberá pagar.
¿Qué irregularidades se investigan en Ciudad Marsella?
Las autoridades señalan que el proyecto incumplió los estándares mínimos de drenaje pluvial y manejo de aguas, esenciales en una zona propensa a inundaciones. Según la Ley de Desarrollo Urbano, el Ministerio está facultado para revocar permisos cuando existan riesgos comprobados para la vida, la integridad o el patrimonio de los residentes. En este caso, las evidencias preliminares apuntan a una planificación deficiente que agravó los efectos de las lluvias, transformando calles en cauces y dejando a cientos de familias en situación de vulnerabilidad.
La suspensión no solo frena las obras en curso de Salazar Romero, sino que bloquea cualquier nuevo trámite vinculado a la empresa hasta que se repare el daño causado. Este caso podría marcar un precedente en la fiscalización de megaproyectos habitacionales, donde la prioridad —según la ministra— debe ser la seguridad de las personas, no los intereses económicos de las desarrolladoras.
¿Qué sigue para los afectados por las inundaciones?
El Ministerio de Vivienda trabajará en coordinación con Protección Civil y la Alcaldía de San Juan Opico para garantizar asistencia inmediata a las familias damnificadas. Mientras tanto, Salazar Romero enfrentará un proceso legal que podría derivar en sanciones económicas y la obligación de reconstruir la infraestructura dañada. La pregunta que queda en el aire es si esta intervención bastará para evitar que situaciones similares se repitan en otros proyectos residenciales del país, donde la falta de supervisión ha sido una constante.
La diáspora salvadoreña, muchos de ellos propietarios o inversores en residenciales como Ciudad Marsella, sigue de cerca el caso. La suspensión de permisos es un primer paso, pero los afectados exigen respuestas claras: ¿Quién responderá por las pérdidas materiales y el trauma de ver sus hogares destruidos?
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