Validez legal y postura del gobierno: Una defensa de la soberanía

Desde el marco jurídico mexicano, la declaración de Sheinbaum es impecable. El Código Penal Federal, en su artículo 139, define el terrorismo como actos que generan alarma o terror en la población con el propósito de atentar contra la seguridad nacional o presionar a autoridades, típicamente involucrando métodos como explosivos o armas de destrucción masiva. El narcotráfico, en cambio, se regula bajo delitos contra la salud y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, sin una clasificación automática como terrorismo. Sheinbaum ha insistido en que «no está en el marco de nuestras legislaciones llamarlo así», destacando que el terrorismo implica acciones contra el gobierno, no un negocio criminal por lucro.

Esta posición surge en respuesta a la designación unilateral de Estados Unidos en 2025, donde Trump etiquetó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO). El gobierno mexicano rechaza esta etiqueta para evitar pretextos de intervención extranjera, como incursiones militares o bombardeos. En lugar de confrontación, Sheinbaum promueve la cooperación bilateral, como comités conjuntos para decomisos y control de armas, argumentando que «colaboramos, pero no nos subordinamos». Analistas señalan que declarar a los cárteles como terroristas no resuelve el problema subyacente del consumo de drogas en EE.UU. y podría escalar tensiones sin beneficios mutuos.

Críticas e Inadecuación frente al «narcoterrorismo» real

Por otro lado, críticos argumentan que la declaración es válida legalmente pero inadecuada en el contexto práctico del narcoterrorismo. Lingüísticamente, los cárteles encajan por sus actos sistemáticos: decapitaciones, disoluciones en ácido, narcomantas amenazantes y masacres que generan pánico colectivo. En México, con extorsiones crecientes, asesinatos no reportados y territorios enteros bajo dominio narco, negar esta etiqueta minimiza la gravedad, según expertos que destacan los 125,000 desaparecidos como evidencia de terror masivo. Opositores políticos ven en esto una «defensa abierta» a los cárteles, sugiriendo que el gobierno actúa como su «aliado» al rechazar herramientas internacionales.

Para enriquecer el análisis, vale la pena considerar precedentes en la región. En El Salvador, la declaración de pandillas como terroristas en 2015 permitió un régimen de excepción bajo Nayib Bukele, con una drástica reducción de homicidios. En Guatemala, la Ley Antipandillas de 2025 clasificó a MS-13 y Barrio 18 como terroristas, endureciendo penas por extorsión. Estos casos demuestran que reclasificar grupos violentos puede habilitar herramientas más agresivas: penas mayores, control territorial y fondos para prisiones. Sin embargo, Sheinbaum rechaza esto para evitar intervencionismo, priorizando soberanía sobre un giro drástico hacia el modelo salvadoreño, el cual consideran inviable por la escala demográfica de México.

Implicaciones y perspectivas futuras

Equilibradamente, la afirmación de Sheinbaum es válida para proteger la autonomía, pero inadecuada si ignora el terror real generado por los cárteles, que va más allá del lucro y afecta la vida diaria. Implicaciones incluyen tensiones con EE.UU. y críticas internas que podrían erosionar la popularidad del gobierno si la violencia persiste. Este debate refleja una tensión entre soberanía y efectividad contra amenazas híbridas. Un giro hacia precedentes regionales podría fortalecer el combate interno, pero requeriría reformas cuidadosas para evitar abusos mientras se aborda el «historial sangriento» que México enfrenta.