Habitantes del Cantón La Palma, en San Martín, manifestaron su preocupación ante la posible reactivación del proyecto de cementerio privado Bosque Santo. La directiva de la comunidad Dulce Nombre de María emitió un comunicado urgente advirtiendo que la obra «podría traer consecuencias ambientales que afectarían nuestro entorno y bienestar», instando a la población a mantenerse en alerta permanente.
La controversia en torno a Bosque Santo se centra en la protección de los mantos acuíferos que abastecen a más de 23 colonias de la zona. Según registros de la OPAMSS contenidos en la resolución No. 0083-2016, el terreno destinado al proyecto cuenta con una extensión de 43,751 m² en una zona con alta vulnerabilidad erosiva.
Falta de permisos vigentes para Bosque Santo
Pese a los intentos de desarrollo, la Unidad de Acceso a la Información Pública de la OPAMSS confirmó en su resolución No. 0090-2019 la «inexistencia del permiso de construcción» para dicho inmueble.
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Llenar Solicitud de PautaLos documentos oficiales detallan que la empresa solo obtuvo una factibilidad de drenajes de aguas lluvias, la cual tenía una validez de un año, caducando originalmente en 2017.
Movilización ciudadana y el caso Bosque Santo
Líderes locales como la directiva del Liceo Víctor Manuel Sigüenza se han sumado al llamado de unidad para vigilar cualquier movimiento de maquinaria en el sector.
«Hacemos un llamado a todos los habitantes para que estemos atentos y unidos ante cualquier movimiento relacionado con la futura construcción del cementerio», señalaron los representantes comunales en un comunicado conjunto.
La comunidad sostiene que la ubicación de Bosque Santo es inviable por la cercanía con centros escolares y pozos de agua potable, algunos situados a menos de 150 metros. Los residentes exigen que las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y la nueva administración de San Salvador Este realicen una inspección técnica actualizada para evitar daños irreversibles al ecosistema local.
Actualmente, las organizaciones sociales han iniciado la recolección de firmas para formalizar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Los habitantes enfatizan que «la unión y la comunicación son clave para proteger nuestra comunidad», manteniendo una postura de resistencia civil pacífica frente a lo que consideran una amenaza directa a su seguridad hídrica y ambiental.