La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado el proceso judicial más trascendental en la historia de la seguridad pública salvadoreña al sentar en el banquillo a la estructura de mando total de la MS-13.
Este juicio no se limita a mandos medios, sino que procesa a 486 cabecillas, incluyendo a los 22 «ranfleros» que integran la cúpula máxima de la organización terrorista. La tesis fiscal es contundente: la Ranfla Nacional es la autora intelectual de cada uno de los 9,043 delitos graves que hoy se ventilan ante la justicia.
«Entre los crímenes que se les atribuyen está la muerte de 80 agentes policiales y la orden de asesinar a 86 personas, en la última semana de marzo del 2022, bajo lo que ellos denominaban ‘válvulas abiertas’.»
El despliegue de pruebas incluye testimonios que confirman que ningún miembro de la estructura actuaba sin la instrucción directa o indirecta de este consejo de mando. Entre los casos más dolorosos que se imputan a estos cabecillas de la MS-13 figura el asesinato de 80 agentes policiales y dos soldados, víctimas de una estrategia de guerra contra el Estado. La fiscalía ha dejado claro que la responsabilidad por mando vincula a todos los líderes con los crímenes ejecutados por sus subordinados en las calles.
Crook y Diablito de Hollywood en la lista
El requerimiento fiscal incluye nombres que por años simbolizaron la impunidad en el país, como Borromeo Enrique Henríquez, alias «Diablito de Hollywood», y Helmer Canales Rivera, alias «Crook».
Aunque algunos líderes enfrentan procesos paralelos o se encuentran en custodia internacional, la justicia salvadoreña los procesa para garantizar que sus deudas en suelo nacional queden saldadas con condenas firmes. Figuras como «Snyder de Pasadena», «Greñas de Stoner» y «Cisco de Teclas» completan la lista de los rostros que hoy pierden oficialmente su poder de mando.
La acusación detalla además actos de terrorismo puro, como el atentado con granada en el Centro Penal de Ciudad Barrios y el asesinato de un fiscal jefe en Usulután en 2015. Estos hechos demuestran que los cabecillas de la MS-13 mantenían una política de eliminación sistemática contra cualquier funcionario que se opusiera a sus exigencias. Con este juicio, el Estado busca desmantelar no solo el presente de la pandilla, sino el legado de violencia que estos sujetos dirigieron durante más de una década.
Un mensaje de soberanía y justicia total
«Ya no tienen el poder de decidir quién vive y quién muere», ha reiterado el presidente Nayib Bukele al referirse a la desarticulación de estas estructuras que asolaban a la población. El proceso contra los cabecillas de la MS-13 incluye la masacre de 86 personas en marzo de 2022, un evento que marcó el fin de cualquier tolerancia estatal y el inicio del Régimen de Excepción. Al procesar a la Ranfla Nacional en su totalidad, se envía un mensaje de que la justicia no hará distinciones ni excepciones con los líderes históricos.
La robustez de la investigación fiscal busca que los 486 implicados reciban penas que aseguren su permanencia definitiva en prisión, eliminando cualquier posibilidad de que vuelvan a dirigir células criminales.
Este paso es visto como el descabezamiento definitivo de un ente que operaba como un «Estado paralelo», lucrándose del luto de las familias salvadoreñas. Con el cierre de esta audiencia, El Salvador reafirma su soberanía judicial y el compromiso de no dejar un solo crimen de la cúpula terrorista sin el castigo correspondiente.
