En una decisión orientada a frenar el gasto público en arrendamientos, la Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos la incorporación de $10,241,100 al presupuesto del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Estos fondos se destinarán a la compra definitiva del Centro Corporativo 800, inmueble que actualmente alberga las oficinas centrales de la institución y por el cual el Estado pagaba una renta mensual de $175,000.
La operación financiera no requerirá nuevos préstamos, ya que se financiará con saldos disponibles de los presupuestos especiales extraordinarios de los eventos electorales de 2024. Según el dictamen 211, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental valuó el edificio en la cifra aprobada, monto que ya fue aceptado por la sociedad vendedora para concretar el traspaso de propiedad al Estado.
Debate sobre el ahorro y la eficiencia del gasto
El paso de inquilino a propietario generó posturas encontradas en el pleno respecto a la transparencia y la gestión de los recursos. Por un lado, se destacó que la adquisición representa un ahorro a largo plazo, evitando que millones de dólares en impuestos sigan fluyendo hacia el sector privado en concepto de alquileres. Por otro lado, surgieron cuestionamientos sobre la disponibilidad de estos fondos remanentes mientras persisten deudas pendientes con ciudadanos que prestaron servicios en las pasadas elecciones.
Datos clave de la adquisición:
- Monto de compra: $10,241,100.00.
- Ahorro en renta: Se dejan de pagar $175,000 mensuales (aprox. $2.1 millones al año).
- Ubicación: Centro Corporativo 800, San Salvador Centro.
- Fuente de financiamiento: Remanentes de los presupuestos electorales 2024.
La diputada Ceci Rivas señaló que, aunque adquirir el inmueble es la decisión financieramente lógica para evitar el «despilfarro», es necesario que exista transparencia sobre quiénes son los propietarios de los edificios que el Estado alquila y por qué se normaliza el uso de presupuestos extraordinarios para estos fines. «Mejor que se adquiera el inmueble, es lo ideal, porque no se puede estar invirtiendo en algo que no es propiedad del Estado», afirmó, tras criticar los altos costos de arrendamiento previos.
Por su parte, el diputado Reinaldo Carballo celebró que las instituciones finalmente tengan un «hogar propio». Comparó la situación con la reciente modernización de la Fiscalía General de la República, subrayando que cada centavo ahorrado en renta es dinero que puede reinvertirse en beneficio de la ciudadanía. Con esta aprobación, el TSE formalizará la compra del edificio, consolidando su patrimonio y eliminando uno de los cánones de arrendamiento más elevados del sector público.
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Pie de foto: Con la compra del Centro Corporativo 800, el Tribunal Supremo Electoral deja de ser inquilino para fortalecer el patrimonio estatal.
