En una sesión histórica cargada de emotividad, la Asamblea Legislativa aprobó este 27 de abril de 2026 la «Ley especial para la transferencia de inmuebles a favor del Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)», beneficiando directamente a 64 familias de la comunidad Barrio La Aduana, en el distrito de Puerto El Triunfo, Usulután Oeste. Con 59 votos a favor, los legisladores dieron el primer paso jurídico para que estos habitantes, que han ocupado los terrenos estatales por siete décadas, dejen atrás la inseguridad de ser desalojados y obtengan finalmente sus escrituras de propiedad.

La iniciativa, enviada por el presidente Nayib Bukele a través del Ministerio de Hacienda, autoriza la donación de dos inmuebles de la hacienda pública a FONAVIPO para su posterior parcelación y entrega a los residentes. El dictamen favorable de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial destacó que la medida cumple con los preceptos constitucionales para dar un uso social a bienes del Estado que se encontraban en desuso.

Un legado para las futuras generaciones

«A nuestro presidente Nayib Bukele, gracias por escucharnos y ser parte también de esta historia. (…) Sabían ustedes que esto iba a ser un proceso largo, pero seguro», expresó la diputada Marisela de Guardado.

Durante la discusión en el pleno, los diputados de la bancada oficialista señalaron que la falta de voluntad política de administraciones anteriores condenó a estas familias a vivir en el olvido. Los legisladores recalcaron que, a pesar de las múltiples peticiones realizadas a lo largo de 23 generaciones de diputados, ninguna gestión previa se interesó en tramitar la certeza jurídica de estos terrenos situados en la avenida Francisco Gereda.

«Cuántas madres fallecieron con ese pesar de decir, pobrecito, mi hijo no va a tener donde vivir porque aquí lo pueden sacar en cualquier momento», reflexionó el diputado Caleb Navarro.

Por su parte, el diputado Omar Villanueva recordó a los líderes comunitarios que no lograron ver este día. «Personas han muerto en la espera de esta gran noticia… Hoy le estamos diciendo misión cumplida», afirmó, subrayando que la legalización de la vivienda es un acto de justicia social que permitirá a los habitantes heredar un patrimonio legítimo a sus hijos y nietos.

A pesar del consenso para favorecer a la comunidad de Usulután, la sesión también fue escenario de tensiones políticas. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, aunque votó a favor de la legalización, lamentó que no se permitiera el estudio de su propuesta previa para gravar con un 3% a los usuarios de Airbnb, la cual buscaba generar un fondo más amplio para la vivienda social en todo el país.

«Yo me pregunto si es ignorancia, es falta de sensibilidad o es que hay intereses, también que defienden que no son los de la mayoría de la gente», cuestionó Claudia Ortiz.