La diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, presentó este miércoles una pieza de correspondencia que busca establecer un impuesto del 3% a los alquileres turísticos de corta duración, como los ofrecidos en la plataforma Airbnb. La iniciativa, denominada «Ley de Fomento a la Vivienda mediante el Equilibrio del Alojamiento Turístico», tiene como objetivo principal crear un fondo soberano para subsidiar el acceso a una casa digna para las familias salvadoreñas de ingresos limitados, quienes se han visto desplazadas por el auge del turismo inmobiliario.
Durante su intervención en la Asamblea Legislativa, Ortiz explicó que este cargo no sería absorbido por los propietarios salvadoreños, sino que se aplicaría directamente a la tarjeta de crédito del huésped o turista. «Estamos planteando que el desarrollo no signifique la expulsión silenciosa de nuestra propia gente; el mercado de vivienda actual responde a quienes pueden pagar precios de lujo, y muchas veces esos ni siquiera son salvadoreños», enfatizó la legisladora al señalar el desequilibrio en el sector.
Creación del fondo FIVA para la vivienda accesible
Lo recaudado a través de esta contribución del 3% se destinaría a la creación del Fondo de Incentivo a la Vivienda Accesible (FIVA). Este fondo operaría bajo tres ejes estratégicos: la entrega de bonos de apoyo para el arrendamiento de familias vulnerables, programas de mejoramiento de infraestructura para pequeños propietarios y, fundamentalmente, incentivos fiscales. La propuesta contempla que los dueños de inmuebles que opten por alquilar a largo plazo a familias residentes reciban un descuento del 50% en su Impuesto sobre la Renta.
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Llenar Solicitud de PautaCrisis de habitabilidad frente al «boom» de la construcción
La diputada cuestionó que, a pesar de que El Salvador lidera el crecimiento en construcción en Centroamérica con una tasa del 21.8% en 2026, la crisis de vivienda social sea la más grave de las últimas décadas. «Nueve de cada diez salvadoreños consideran difícil acceder a un hogar; hoy una pareja de profesionales, ni juntando sus salarios, puede comprar una casa», denunció Ortiz. Según la pieza de correspondencia, los alquileres turísticos compiten deslealmente con el mercado residencial, reduciendo la oferta de casas disponibles para los trabajadores locales.
El proyecto de ley busca regularizar una actividad que actualmente no contribuye con impuestos específicos ni enfrenta los mismos costos regulatorios que el sector hotelero. Para Ortiz, este es un paso necesario para que el crecimiento económico del país se traduzca en justicia social y no en un lujo inalcanzable. La propuesta solicita que el Estado asuma su papel de facilitador para que la vivienda deje de ser una angustia permanente para quienes ganan el salario mínimo o pertenecen a la clase profesional emergente.
Finalmente, la pieza pasó a estudio de la comisión respectiva, donde se espera que se debata el impacto de esta tasa en el flujo turístico frente al beneficio social proyectado. De aprobarse, El Salvador se uniría a otras metrópolis globales que han gravado los alquileres digitales para mitigar la gentrificación y proteger el derecho al techo de sus ciudadanos. La diputada concluyó que tener un «cacho digno» debe ser una posibilidad real para quienes se esfuerzan día a día en el territorio nacional.