El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuestionó la cooperación judicial de España tras la reciente detención del fotoperiodista Diego Andrés Rosa Rosales en Sevilla. A través de sus canales oficiales este 2 de enero de 2026, el mandatario señaló que las autoridades españolas brindan protección a sujetos requeridos por la justicia salvadoreña. El señalamiento surge en un contexto de fricción por el uso de alertas internacionales y el derecho de asilo.

La detención de Rosales se ejecutó este día cuando el comunicador, vinculado anteriormente a medios como El Faro y La Prensa Gráfica, intentaba formalizar su solicitud de asilo político. El gobierno salvadoreño fundamenta la petición de captura en presuntos delitos informáticos.

Implicaciones de la tensión diplomática entre El Salvador y España

El Ejecutivo salvadoreño vinculó este nuevo episodio con un fallo de la Audiencia Nacional de mayo de 2024, donde se denegó la extradición de un presunto colaborador de pandillas. Bukele afirmó que estas decisiones «ahorran el costo» al Estado salvadoreño, pero advirtió sobre las consecuencias para la seguridad interna del país europeo. La narrativa oficial busca equiparar la protección internacional de derechos humanos con la impunidad delictiva.

Por su parte, la defensa de Rosales sostiene que los cargos por «tráfico de bitcoines» carecen de sustento técnico y responden a una represalia por sus coberturas sobre derechos humanos. La Audiencia Nacional deberá determinar ahora si la alerta roja emitida por la PNC posee fines políticos.

Antecedentes legales en la tensión diplomática entre países

El caso evoca las reformas penales de 2022, las cuales endurecieron las penas por agrupaciones ilícitas y han facilitado más de 80,000 detenciones. La justicia de España ha fundamentado sus negativas previas en informes sobre condiciones de hacinamiento y tratos degradantes en centros penales. Este historial jurídico es el que ahora el gobierno salvadoreño utiliza para confrontar la política exterior de Madrid y las decisiones de sus tribunales.

Finalmente, el mandatario criticó el rol de los organismos internacionales y medios de comunicación, afirmando que el ejercicio periodístico se utiliza como un «nuevo fuero» para obtener impunidad.

«A las autoridades españolas les gusta darle protección a los delincuentes», sentenció el presidente en su mensaje.

La resolución del caso Rosales marcará un precedente en la relación bilateral y en el tratamiento de asilados salvadoreños en la Unión Europea.