En medio de una escalada de violencia que ha sacudido Guatemala, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Estuardo Custodio Boteo, ha atribuido la reciente ola de ataques a la corrupción endémica en el sistema penitenciario. Esta crisis, que incluye motines en cárceles controlados por la pandilla Barrio 18 y el asesinato de al menos ocho agentes policiales, resalta vulnerabilidades que afectan no solo a Guatemala, sino también a la región centroamericana, incluyendo a la diáspora salvadoreña expuesta a extorsiones transfronterizas.

En entrevista con Emisoras Unidas, Custodio enfatizó que, pese a contar con miles de agentes, los esfuerzos son infructuosos si no se contiene el delito desde las prisiones. Acceso a telefonía y cuentas bancarias por parte de reclusos condenados por extorsión permite coordinar operaciones ilegales, generando cientos de transacciones diarias en un país de 18 millones de habitantes. Esta situación ha llevado al presidente Bernardo Arévalo a decretar un estado de sitio nacional por 30 días, con el Ejército patrullando las calles y suspensiones en clases y transporte público.

¿Por qué propone Custodio militarizar las cárceles?

La principal solución planteada por Custodio es la militarización del sistema penitenciario, argumentando que es un «caldo de cultivo» para la violencia externa. Durante los motines en prisiones como Renovación I en Escuintla y Fraijanes II, pandilleros tomaron rehenes y exigieron privilegios lujosos, como camas king size y aire acondicionado. Las autoridades recuperaron el control, neutralizando al líder Aldo Dupie Ochoa Mejía, conocido como «El Lobo», pero las represalias resultaron en ataques coordinados contra la PNC.

Custodio criticó duramente al sistema judicial por asignar medidas sustitutivas a delincuentes capturados con armas de fuego, lo que genera frustración en las fuerzas policiales y resta capacidad operativa. Además, denunció el abandono institucional y logístico de la PNC, donde agentes son desviados a custodias hospitalarias en lugar de combatir el crimen en las calles.

¿Cómo afecta la legislación actual la seguridad en Guatemala?

El director de la PNC señaló que la legislación vigente no se ajusta a la realidad de inseguridad extrema, donde pandilleros asesinan a niños, ancianos y mujeres embarazadas por robar una motocicleta. Estos criminales cuentan con grandes firmas de abogados que facilitan su defensa, perpetuando la impunidad. Para la diáspora salvadoreña, esto evoca paralelismos con las pandillas transnacionales como Barrio 18, que operan en El Salvador y generan flujos migratorios por extorsiones.

Custodio instó a reformas urgentes, incluyendo el aislamiento de unos 3.000 pandilleros clave para cortar su operatividad logística. Aunque descartó por ahora extraditar a «El Lobo» a otro país, bajo la Ley Antipandillas de 2025, enfatizó que solo un régimen estricto en prisiones de máxima seguridad detendrá las órdenes de sicariato desde el interior.

¿Qué rol juega el Centro Antipandillas Transnacional en esta crisis?

El Centro Antipandillas Transnacional (CAT), en colaboración con el FBI, está investigando las fuentes de financiamiento de las pandillas, como extorsiones y lavado de dinero a través de cuentas bancarias activas de reclusos. Custodio llamó a las empresas de telefonía a bloquear señales en cárceles y a la banca a restringir accesos, cortando así las raíces financieras de estos grupos terroristas declarados por EE.UU. y Guatemala.

Esta iniciativa resuena en la diáspora salvadoreña, ya que Barrio 18 ha sido combatido en El Salvador bajo políticas de mano dura, ofreciendo lecciones para Guatemala. El CAT ha realizado operativos conjuntos, como expulsiones de pandilleros buscados, y ahora se enfoca en rastrear remesas ilícitas y alianzas con narcotráfico.

¿Por qué hay resistencia ciudadana en las investigaciones?

Custodio reveló que ciudadanos resisten entregar imágenes de videovigilancia captadas en exteriores de viviendas y negocios, clave para identificar sicarios en los 13 ataques recientes. La PNC planea girar oficios legales para obtenerlas, superando el miedo a represalias. Esta desconfianza institucional complica las capturas, aunque ya hay detenidos por los atentados.

Para la diáspora en EE.UU. y otros países, esta crisis subraya la necesidad de cooperación regional contra pandillas que cruzan fronteras, afectando a comunidades salvadoreñas con extorsiones y violencia exportada.

¿Qué implicaciones tiene esta violencia para Centroamérica?

La escalada en Guatemala, con motines y asesinatos, podría inspirar acciones similares en países vecinos como El Salvador, donde la diáspora monitorea de cerca estas dinámicas. Custodio’s mensajes de alerta máxima y no ceder ante «chantajes» de pandilleros alinean con estrategias regionales, promoviendo un enfoque unificado contra el crimen organizado.

El gobierno guatemalteco mantiene firmeza, rechazando concesiones pasadas que relegaron el sistema penitenciario. Con el estado de sitio activo, la situación sigue tensa, pero el control carcelario se ha recuperado, ofreciendo un respiro temporal mientras se impulsan reformas.