El sistema judicial salvadoreño alcanzó este lunes 26 de enero de 2026 un punto de inflexión con la entrega de Norman Quijano por parte de las autoridades de Estados Unidos. La Fiscalía General de la República (FGR) notificó formalmente al exfuncionario la condena de 13 años y 4 meses de prisión impuesta en abril de 2024, tras ser hallado culpable de los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas vinculados a su campaña presidencial de 2014.

El proceso judicial, liderado por el fiscal Rodolfo Delgado, se fundamentó en evidencias que acreditan reuniones entre Quijano y cabecillas de la MS-13 y las dos facciones del Barrio 18. Según la acusación fiscal, el político habría negociado el apoyo electoral de estas estructuras criminales a cambio de beneficios penitenciarios y la entrega de $100,000, distribuidos estratégicamente entre los grupos delictivos para manipular el resultado de la segunda vuelta electoral.

Pruebas clave y ejecución de la sentencia en San Salvador

Durante el juicio, la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador validó pruebas documentales, audios y videos de las reuniones sostenidas días antes de los comicios. Entre los testimonios clave figuraron las declaraciones de testigos protegidos y señalamientos del fallecido exalcalde de Ilopango, Salvador Ruano, quienes confirmaron los ofrecimientos de reducir la operatividad de la PNC en zonas controladas por pandillas a cambio de votos.

La defensa de Quijano, encabezada por el abogado Lisandro Quintanilla, ha insistido en que el material audiovisual ha sido malinterpretado y que el exalcalde solo discutió proyectos comunitarios. No obstante, las reformas al Código Procesal Penal permitieron que la condena se dictara en ausencia, lo que facilitó que, tras su detención migratoria por ICE, el exlíder de ARENA fuera deportado directamente para iniciar el cumplimiento de su pena en un centro penitenciario.

Un caso de justicia frente a la polarización política

La deportación de Quijano ha reavivado el debate nacional sobre la «vieja política» y la impunidad. Mientras el oficialismo destaca el caso como un mensaje contundente contra quienes pactaron con criminales, sectores de la oposición y la defensa técnica alegan una persecución política, citando el rechazo inicial de INTERPOL a emitir una difusión roja por considerar que el proceso tenía tintes ideológicos.

• La condena asciende a 13 años y 4 meses de cárcel.
• La FGR acreditó el pago de $100,000 a estructuras criminales.
• Quijano fue inhabilitado permanentemente para ejercer cargos públicos.