Un fallo de la justicia federal de Maryland ha dejado a Kilmar Ábrego García legalmente blindado ante nuevos intentos de detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La jueza Paula Xinis determinó que el ciudadano salvadoreño no puede ser recluido nuevamente, dado que el periodo legal de 90 días para su deportación expiró sin que el gobierno presentara un plan de expulsión viable.

La resolución judicial mantiene el estatus de libertad del compatriota, quien permanece blindado por el debido proceso ante la falta de garantías sobre su traslado a un tercer país. Según el tribunal, el intento del gobierno de Estados Unidos por enviarlo a naciones de África como Uganda o Liberia carece de sustento real, mientras se ignora la oferta de refugio de Costa Rica.

Proceso judicial que mantiene al salvadoreño blindado

El historial de Ábrego García se tornó crítico tras su deportación errónea a El Salvador el año pasado, efectuada a pesar de existir una orden de protección por amenazas de pandillas. Tras ser repatriado a territorio estadounidense por mandato de la Corte Suprema, el sistema legal ha blindado su estancia mediante esta nueva orden que impide su retorno a un centro de detención migratoria.

Restricciones y vigilancia en Maryland

Actualmente, el salvadoreño reside en el estado de Maryland bajo un esquema de libertad supervisada impuesto por un tribunal de Tennessee. Aunque el fallo lo ha blindado contra la custodia del ICE, el ciudadano solo tiene autorización para abandonar su hogar para trabajar, asistir a servicios religiosos o acudir a citas médicas bajo estricta vigilancia judicial.

«El tribunal concluye fácilmente que no hay ‘buenas razones para creer’ que la deportación sea probable en un futuro razonablemente previsible», redactó la jueza Xinis en su orden de 10 páginas. Este argumento jurídico es el que ha blindado la posición de la defensa, señalando que la detención indefinida sin una ruta de salida clara vulnera los derechos fundamentales del procesado.

El Departamento de Justicia podría apelar la medida ante el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito en Richmond, Virginia, buscando revertir el estatus que hoy mantiene al migrante blindado. Por ahora, el caso sienta un precedente para la diáspora salvadoreña sobre los límites del poder ejecutivo en materia de detenciones prolongadas sin ejecución de sentencia.