La Cámara Ambiental de Santa Tecla emitió un fallo histórico al condenar al exalcalde y exdiputado Roberto d’Aubuisson por enriquecimiento ilícito, ordenándole restituir $450,729.39 al Estado salvadoreño. La Fiscalía General de la República (FGR) demostró la existencia de 82 irregularidades patrimoniales durante sus gestiones como diputado (2012-2015) y alcalde de Santa Tecla (2015-2021). Además de la sanción económica, el tribunal inhabilitó a d’Aubuisson para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10 años.
La sentencia también alcanzó a su grupo familiar, quienes fueron encontrados culpables de no justificar incrementos en sus patrimonios. Su esposa, Jackeline de d’Aubuisson, deberá devolver $511,247.72; su hija, Johanna d’Aubuisson, $12,939.87; y su hijo, Roberto d’Aubuisson, $15,480.00. Este caso adquiere una relevancia política profunda al tratarse del hijo del fundador del partido ARENA, vinculando la «justicia tardía» con el combate actual a la corrupción de exfuncionarios que marcaron la historia democrática del país.
Sanción a Roberto d’Aubuisson
El monto total a restituir por parte de la familia d’Aubuisson asciende a $990,396.98. La inhabilitación política de Roberto d’Aubuisson lo excluye de cualquier cargo público por una década, mientras que las 82 irregularidades detectadas en auditorías de declaraciones patrimoniales refuerzan la gravedad del fallo. El tribunal que emitió la sentencia fue la Cámara Ambiental de Santa Tecla, consolidando un precedente en la lucha contra la corrupción.
El exfuncionario ha quedado fuera de la vida política electoral por los próximos 10 años tras el fallo judicial. Las autoridades destacaron que este caso refleja el compromiso del Estado en la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente en figuras históricas como Roberto d’Aubuisson, vinculado a uno de los partidos políticos más influyentes del país.
La FGR reiteró que este tipo de sentencias envía un mensaje claro sobre la tolerancia cero hacia el enriquecimiento ilícito y la malversación de fondos públicos. El proceso judicial se basó en pruebas contundentes que demostraron el incremento injustificado del patrimonio familiar durante los periodos en que d’Aubuisson ocupó cargos públicos.
