El presidente Nayib Bukele anunció este 17 de marzo de 2026 que su gabinete de seguridad presentó ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para introducir la cadena perpetua en El Salvador, medida que actualmente está prohibida por la Constitución para delitos como asesinato, violación y terrorismo. La propuesta busca modificar el marco legal para permitir que los condenados por estos crímenes permanezcan en prisión de por vida, un cambio que, de aprobarse, marcaría un hito en la historia judicial del país.
La iniciativa, presentada por el gabinete de seguridad, busca eliminar la prohibición actual de la cadena perpetua en la Constitución salvadoreña. Si se aprueba, los condenados por asesinato, violación y terrorismo podrían recibir penas de prisión vitalicia, una medida que el gobierno justifica como necesaria para garantizar la seguridad ciudadana y disuadir la criminalidad extrema. La reforma requiere el apoyo de al menos 43 diputados en la Asamblea Legislativa, donde el partido oficialista Nuevas Ideas cuenta con una amplia mayoría.
«En estos momentos, nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua (hasta ahora prohibida por la Constitución) para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión.»
¿Por qué ahora la Cadena perpetua?
La propuesta de la Cadena perpetua llega en un momento en que Bukele ya ha impulsado reformas constitucionales anteriores, como la que permitió su reelección inmediata y la extensión del período presidencial a seis años. Estas reformas han sido criticadas por sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre una concentración de poder y un posible debilitamiento de las instituciones democráticas. Sin embargo, el gobierno argumenta que estas medidas responden a la voluntad popular y a la necesidad de fortalecer la seguridad y estabilidad del país.
El partido oficialista y sus aliados en la Asamblea Legislativa son los principales promotores de la reforma, mientras que la oposición y grupos de la sociedad civil han expresado su rechazo, señalando que podría violar derechos humanos fundamentales y establecer un precedente peligroso. La discusión en el Congreso promete ser intensa, con ambos bandos preparados para defender sus posturas ante la opinión pública.
¿Qué sigue en el proceso legislativo?
La reforma constitucional debe ser discutida y aprobada por la Asamblea Legislativa. Si logra el respaldo necesario, se convertirá en ley y entrará en vigor, permitiendo la aplicación de la cadena perpetua para los delitos mencionados. El proceso podría ser rápido, dado el control que el oficialismo tiene en el Congreso, pero también podría generar un debate nacional sobre los límites del castigo y la justicia.
De aprobarse, la cadena perpetua representaría un cambio radical en el sistema penal salvadoreño, con posibles implicaciones en la reducción de la criminalidad.
