Una red de extorsión que operaba en el departamento de La Libertad fue desmantelada en un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC). Los delincuentes, que incluían a cuatro adultos y un menor de edad, exigían pagos mensuales de $200 a un comerciante local, utilizando llamadas intimidatorias para mantener su control desde 2025.
El operativo de captura se llevó a cabo tras una investigación exhaustiva que incluyó entregas controladas de dinero, permitiendo a las autoridades identificar y detener a los sospechosos en el momento en que recibían el pago extorsivo. Según informes oficiales, los detenidos serán presentados ante los tribunales para enfrentar cargos por extorsión agravada, un delito que, en el marco de la legislación vigente, puede acarrear penas severas de prisión.


Detalles del operativo en La Libertad
El modus operandi de esta banda consistía en llamadas telefónicas con amenazas directas a la integridad física del comerciante y su familia, obligándolo a realizar pagos mensuales para evitar represalias. Las autoridades destacaron que la colaboración ciudadana fue clave para lograr esta captura, ya que la víctima decidió denunciar los hechos, permitiendo que las instituciones actuaran con rapidez.
Los cinco detenidos fueron trasladados a centros de detención mientras se completan las investigaciones. Las autoridades advirtieron que este tipo de operativos continuarán en todo el país, especialmente en zonas donde se han detectado estructuras delictivas dedicadas a la extorsión.


Impacto en la comunidad
Este caso refleja el compromiso de las instituciones para combatir la delincuencia organizada y proteger a los empresarios y ciudadanos de La Libertad. La FGR y la PNC reiteraron su llamado a la población para que denuncie cualquier intento de extorsión, garantizando que cada caso será investigado con rigor y profesionalismo.
Mensaje a la delincuencia
Las autoridades enviaron un mensaje contundente a las bandas criminales: «No habrá impunidad» para quienes intenten afectar la tranquilidad y el desarrollo económico de las comunidades. Este operativo es parte de una estrategia integral para erradicar la extorsión y garantizar un entorno seguro para los negocios en El Salvador.




