Padres de familia del Centro Escolar San José Changallo, en el municipio de Ilopango, advirtieron que podrían dejar de enviar a sus hijos a clases y paralizar las actividades académicas en protesta por la salida del director del centro educativo, identificado como el profesor Romeo.

En un video difundido en redes sociales, miembros de la comunidad educativa expresaron su rechazo a la decisión y solicitaron la intervención del presidente de la República y de la ministra de Educación para que el docente sea reincorporado.

«Nuestros hijos están dispuestos a ya no venir a la escuela y mañana la escuela se cierra definitivo. No se deja entrar a ningún profesor ni a nadie», afirmó una mujer que se presentó como representante de la comunidad.

Durante las declaraciones, varios padres destacaron el trabajo realizado por el director a lo largo de los años y aseguraron que fue una figura clave en el desarrollo del centro educativo.

«Él levantó esta escuela desde abajo para arriba», manifestó una de las madres de familia, quien además sostuvo que el docente apoyó a familias de escasos recursos y promovió mejoras para la institución.

Otra representante aseguró que los padres están organizados para exigir su regreso.

«No estamos de acuerdo con que hayan quitado al profesor Romeo (…) estamos dispuestos a no mandar a nuestros hijos», declaró.

Hasta el momento, las autoridades educativas no han informado públicamente las razones de la salida del director ni si se trata de un traslado, una reorganización administrativa o una medida de otra naturaleza.

El caso abre un debate sobre los límites de la protesta dentro del sistema educativo. Los padres de familia tienen derecho a expresar inconformidad ante decisiones de las autoridades, organizar reuniones, presentar peticiones y realizar manifestaciones pacíficas para defender los intereses de sus comunidades.

Sin embargo, ese derecho encuentra límites cuando afecta derechos fundamentales de terceros, particularmente el acceso de niños y adolescentes a la educación. La legislación salvadoreña reconoce la educación como un derecho fundamental y establece obligaciones compartidas entre el Estado, la familia y la sociedad para garantizar la asistencia y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

La advertencia de algunos padres de no enviar a sus hijos a clases también podría activar mecanismos de seguimiento por parte de las autoridades de protección de la niñez. Los centros educativos tienen la obligación de reportar casos de ausencias constantes o injustificadas, lo que permite a las instituciones competentes investigar las causas detrás de la inasistencia escolar.

Según los protocolos vigentes, el propósito de estas intervenciones no es sancionar automáticamente a los padres de familia, sino garantizar el derecho a la educación, identificar posibles vulneraciones y brindar acompañamiento o apoyo psicosocial cuando sea necesario.

En caso de que se produzca una suspensión masiva de asistencia escolar promovida por adultos, las autoridades podrían evaluar si existe una afectación al derecho de los estudiantes a recibir educación continua.

La controversia surge en una comunidad donde el Estado ha realizado inversiones recientes para mejorar la infraestructura educativa y recuperar espacios históricamente afectados por la violencia. En ese escenario, la amenaza de paralizar las clases por una disputa administrativa abre un nuevo debate sobre los límites de la protesta comunitaria cuando están en juego los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Mientras tanto, la principal interrogante sigue sin respuesta: ¿por qué fue separado del cargo el director? Los testimonios difundidos destacan la trayectoria del docente y el vínculo construido con la comunidad, pero no explican los motivos de la decisión adoptada por las autoridades educativas. Mientras no exista una versión oficial sobre las razones de su salida, el caso mantiene abierto un conflicto que enfrenta dos principios distintos: el derecho de una comunidad a manifestar su inconformidad y el derecho de los estudiantes a continuar recibiendo educación sin interrupciones.