El Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio de Vivienda, ha tomado medidas drásticas este 12 de enero para respaldar a las familias del Quartier 11 en Ciudad Marsella II. Tras las graves inundaciones del pasado sábado en San Juan Opico, las autoridades han irrumpido en el proceso administrativo para exigir cuentas claras a la Oficina de Planificación del Valle de San Andrés (OPVSA) sobre los permisos otorgados a la constructora Salazar Romero y sus afiliadas.
La intervención no es un trámite ordinario, sino una auditoría técnica y administrativa de emergencia que busca desentrañar cómo se autorizó la entrega de viviendas en zonas de alto riesgo hídrico. Al establecer un ultimátum de 24 horas para la entrega de expedientes ambientales y de infraestructura, el Estado prepara el terreno para una ofensiva legal que podría cambiar definitivamente las reglas del desarrollo urbanístico en El Salvador, dejando una duda latente: ¿qué irregularidades esconderán los permisos que permitieron tal desastre?
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¿En qué consiste el ultimátum de 24 horas a OPVSA?
Personal del Ministerio de Vivienda se presentó formalmente a las instalaciones de la Oficina de Planificación del Valle de San Andrés (OPVSA) para exigir el expediente completo del proyecto Ciudad Marsella. Esta solicitud abarca desde la etapa inicial hasta los Quartier 11, 12 y 13, que han sido el epicentro de las inundaciones. El director ejecutivo del Ministerio, Roberto Calderón, fue enfático al señalar que la urgencia del caso no admite demoras, estableciendo un plazo de apenas un día para que la oficina entregue toda la documentación técnica.
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Llenar Solicitud de PautaEl objetivo de este proceso es verificar el cumplimiento de la normativa vigente y garantizar la protección de las familias ante posibles negligencias. El equipo técnico que analizará la información incluye especialistas en áreas ambientales, legales y de infraestructura. Se busca esclarecer cómo se otorgaron las recepciones de obra que habilitaron los polígonos internos donde hoy las familias han perdido gran parte de su patrimonio debido a las lluvias.
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La auditoría administrativa se centra en tres pilares fundamentales: los permisos ambientales, las recepciones de obra y las autorizaciones de habitabilidad. “Estamos solicitando que nos remitan los permisos ambientales para seguir avanzando en las diferentes etapas y también las recepciones de obra que se han hecho para ir habilitando cada uno de los Quartier y de las casas”, añadió Calderón. Este movimiento busca identificar si hubo omisiones por parte de OPVSA o si la constructora Salazar Romero presentó información incompleta para obtener los permisos en el Valle de San Andrés.
Con estas acciones, el Gobierno del Presidente Bukele reafirma su compromiso de no permitir que situaciones similares se repitan. La verificación de estos expedientes es el paso definitivo para establecer responsabilidades legales y asegurar que las familias afectadas reciban el respaldo necesario frente a la desarrolladora. El seguimiento de este caso continuará de forma exhaustiva para proteger los derechos de los habitantes de San Juan Opico y de todo el país.
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